Victor Manuel Arce GarciaLa desigualdad en la percepción de la justicia en Chile ha sido un tema ampliamente discutido, especialmente en lo que concierne a la disparidad en su aplicación. A pesar de que se espera que los acusados de delitos relacionados con fondos públicos sean castigados conforme a la ley, en Chile no siempre se observa esta imparcialidad en la imposición de medidas cautelares, independientemente de su orientación política.
Por ejemplo, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, está siendo objeto de una querella por fraude al Fisco tras una auditoría interna que reveló un perjuicio superior a los 21.000 millones de pesos. Además, en agosto de 2022, la Contraloría emitió un informe señalando un déficit de 31.000 millones de pesos quien se encuentra con con arresto domiciliario por ser considerada un peligro para la sociedad quien en varias ocaciones a incumplido dicha cautelar .
En contraste, el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, está enfrentando acusaciones por fraude al Fisco, asociación ilícita y lavado de activos, relacionadas con un desvío de más de $760 millones de pesos, habiéndose encontrado una cantidad significativa de dinero en efectivo en su residencia quien en la actualidad se encuentra en arresto domiciliario por aber reconocido los cargos que se le inputan .
La mañana de hoy, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), fue puesto en prisión preventiva después de tres días de formalización la semana anterior, donde la fiscalía le imputó cohecho, fraude al fisco, estafa, administración desleal y delito concursal, mientras ejercía como presidente de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).
Por lo tanto, la petición de prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, responde a la jueza considerando que su liberación representaría un “peligro para la sociedad”, por lo que deberá ser ingresado al Anexo Penitenciario Capitán Yáber.
La desigualdad percibida en Chile en términos de justicia, especialmente en casos de corrupción que implican a figuras políticas, plantea preocupaciones significativas sobre la imparcialidad y el trato preferencial basado en la afiliación política, minando la confianza en el sistema judicial y en la institucionalidad a cargo de perseguir estas clase de delitos .
Es alentador observar que la jueza a cargo de formalizar los cargos contra el alcalde de Recoleta, ha enfatizado la importancia de tomar decisiones judiciales basadas únicamente en los hechos del caso y las leyes aplicables, sin considerar factores extralegales como afiliaciones políticas. La decisión de aplicar la prisión preventiva en este caso refleja una firme postura en la lucha contra la corrupción, demostrando que nadie está por encima de la ley.
Esta situación refleja una preocupante falta de equidad en la aplicación de la justicia en Chile. La imparcialidad y la igualdad ante la ley son principios claves en un sistema judicial justo y transparente. Es esencial que las decisiones judiciales se basen en la ley y los hechos, sin importar la posición política o social de los implicados.
Corresponde a las autoridades y al sistema judicial asegurar que se respeten los derechos de todos y que se apliquen las mismas normas en todos los casos. La falta de transparencia y la percepción de favoritismo pueden socavar la confianza en el sistema judicial y en el estado de derecho.
Es vital investigar y abordar las posibles irregularidades en la justicia y tomar medidas para fortalecer la independencia y la imparcialidad del poder judicial en Chile. La confianza en el sistema de justicia es fundamental para garantizar la paz social y el respeto.
