Victor Manuel Arce GarciaEn esta ocasión, el protagonismo recae en la alcaldesa de la comuna de Maipú en Santiago, Cathy Barriga, cuyo nombre ha cobrado notoriedad en los medios de comunicación. Pero, ¿por qué su arresto domiciliario genera tanto debate? La respuesta radica en la discusión sobre si estamos ante un acto de justicia o un privilegio que otorga impunidad.
En primer lugar, es necesario entender las circunstancias que llevaron a que Barriga se encuentre bajo arresto domiciliario. La alcaldesa fue formalizada por los delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos, lo que ha generado un fuerte impacto en la opinión pública. Estas acusaciones, que se suman a las constantes polémicas en su gestión, han puesto en evidencia una posible conducta inapropiada por parte de una figura pública.
Este caso plantea un importante debate sobre la transparencia y la igualdad ante la ley. Por un lado, quienes defienden el arresto domiciliario argumentan que se trata de una medida cautelar adecuada, considerando la alta exposición mediática y las posibles represalias que podría sufrir Barriga en prisión. Por otro lado, sus detractores cuestionan esta decisión, argumentando que se trata de un privilegio que evidencia una falta de igualdad ante la ley.
Los hechos que se le imputan
A la exautoridad comunal se le imputan cinco hechos. Uno de ellos es por fraude al fisco por la supuesta modificación de certificados de disponibilidad presupuestaria.
El segundo hecho tiene relación con la falsificación de instrumento público por parte de la exjefa comunal y María Isabel Palma, quien ejerció en 2017 como Dirección de Administración y Finanzas y como directora subrogante de control de la Municipalidad de Maipú (2018-2019).
Una tercera imputación es por fraude al fisco por $110 millones que habrían sido usados para el pago indebido de remuneraciones, en la que habría estado involucrado también Andrea Monsalve, quien figura como supuesta periodista.
La fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, aseguró en una de las audiencias que “nos encontramos ante uno de los fraudes más cuantiosos que se ha conocido en la historia municipal de nuestro país”, ya que se le acusa de una defraudación de casi $31 mil millones.
Según expresó, “para dimensionar la magnitud, el monto defraudado del caso Democracia Viva corresponde a $391 millones; en el caso del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, $750 millones; en Algarrobo $1.069 millones”.
En definitiva, el arresto domiciliario de Cathy Barriga ha generado una profunda reflexión en la sociedad chilena. El debate sobre si este acto representa justicia o impunidad está lejos de concluir, pero sin duda, nos brinda la oportunidad de analizar la importancia de la igualdad ante la ley, la necesidad de investigar cualquier acto de corrupción y la responsabilidad de los líderes políticos en la construcción de una sociedad más justa y transparente.
